España fue el cuarto estado miembro de la UE en el que se detectaron más irregularidades en el manejo de los fondos europeos agrícolas y estructurales entre 2017 y 2021 y se ubica por detrás Polonia, Rumanía e Italia y con el 10,7% de los casos a nivel comunitario, según el informe anual publicado por la Oficina Antifraude Europea (OLAF).